AVAMTE Celebra la Continuidad del Rastro, pero Advierte de las Graves Irregularidades Administrativas que Afectan a su Futuro

La Asociación de Vendedores Ambulantes de Tenerife (AVAMTE) desea expresar su agradecimiento y apoyo a todos los vendedores del Rastro de Santa Cruz, quienes, a través de su esfuerzo colectivo y la movilización ciudadana, han logrado que el Ayuntamiento reconsidere el Decreto de cierre. Esta medida es un respiro momentáneo para cientos de familias que dependen económicamente de este espacio, y desde AVAMTE, como representantes de los vendedores ambulantes de toda la isla, nos enorgullecemos de defender sus derechos a operar en un entorno seguro y regulado.

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Sin embargo, como abogado y Secretario General de AVAMTE, no puedo pasar por alto las graves irregularidades en las que el Ayuntamiento podría haber incurrido al manejar esta situación. Si bien entendemos y agradecemos el gesto de flexibilidad para mantener abierto El Rastro, consideramos que cualquier reapertura debe estar respaldada por un marco legal y de seguridad coherente. Las decisiones que se han tomado hasta el momento no solo muestran una falta de coherencia en la aplicación de las normativas, sino que también revelan posibles problemas legales profundos que deben ser resueltos para garantizar un entorno seguro y sostenible.

El Ayuntamiento de Santa Cruz emitió un Decreto de cierre basado en informes técnicos que documentaban incumplimientos graves, como la falta de licencias, la venta de productos sin control sanitario y el uso de bombonas de gas en el espacio del mercadillo, venta de medicinas, problemas con las estructuras metálicas de los puestos de venta, entre otros. Estos son problemas serios que comprometen la seguridad de los comerciantes y consumidores, y cuya resolución es fundamental para cualquier operación del Rastro. Sin embargo, ante la presión ciudadana, el Ayuntamiento ha dado marcha atrás y permite la reapertura sin creemos garantizar que estos problemas de fondo hayan sido solucionados. (Problemas que los propios vendedores dicen que no existen y, por tanto,  habría que analizar «los informes» por si hay algún tipo de incongruencia legal o con algún otro tipo de «interés» que no sea el estrictamente jurídico y/o de policía)

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Esta inconsistencia no solo es un problema administrativo, sino también un acto que afecta la seguridad jurídica y la confianza de los comerciantes y de la ciudadanía en general. Las normativas de seguridad y sanidad no pueden ser aplicadas con discrecionalidad o condicionadas por factores externos, ya que el principio de legalidad exige que las decisiones administrativas se basen en criterios objetivos y en la protección del interés general.

La administración tiene el deber de proteger la seguridad y el bienestar de quienes operan y visitan el Rastro. Al permitir la reapertura de este espacio sin subsanar los problemas de fondo, el Ayuntamiento podría estar incurriendo en una omisión de sus deberes de seguridad pública. Si ocurriera un incidente grave derivado de estas irregularidades (como un problema sanitario o un accidente por el uso de materiales peligrosos), el Ayuntamiento podría ser objeto de reclamaciones por responsabilidad patrimonial.

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Como abogado, debo advertir que esta falta de acción preventiva podría exponer a la administración a riesgos legales que podrían haberse evitado con una revisión y cumplimiento estricto de las normativas. La Ley de Bases del Régimen Local y la Ley General de Salud Pública establecen la obligación de garantizar entornos seguros para los ciudadanos, y esta responsabilidad no puede dejarse de lado en respuesta a una presión circunstancial.

Al permitir la continuidad del Rastro sin haber corregido las deficiencias documentadas, el Ayuntamiento podría estar incumpliendo el principio de precaución que debe guiar cualquier actuación en espacios de gran concurrencia. La administración pública está obligada a anticiparse a los riesgos y no sólo a responder a ellos cuando ya se han materializado, especialmente en un contexto como el del Rastro, que implica afluencia masiva de personas y donde se comercializan productos sensibles como alimentos.

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Además, la falta de rigor en el cumplimiento de las normativas plantea un agravio comparativo para otros sectores comerciales que deben cumplir estrictamente con estas regulaciones. Si el Ayuntamiento aplica las normativas de forma desigual, está enviando un mensaje de permisividad que afecta la confianza en la administración y abre la puerta a que otros actores se sientan legitimados para operar sin cumplir con los requisitos legales.

Desde AVAMTE, no solo agradecemos el esfuerzo de los comerciantes, sino que, como entidad representativa y defensora de sus derechos, creemos que el verdadero beneficio para los vendedores es contar con un marco seguro, estable y coherente. Por ello, instamos al Ayuntamiento a que no limite sus decisiones a concesiones temporales, sino que adopte un enfoque integral y duradero que solucione las irregularidades de fondo.

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Como asociación insular nos ofrecemos a seguir colaborando, como hasta ahora,  con las Instituciones activamente en la implementación de medidas que permitan a los vendedores trabajar en un entorno regulado y seguro, que garantice su estabilidad y la confianza de los ciudadanos. La continuidad del Rastro debe construirse sobre una base jurídica sólida, que respete tanto la normativa como el esfuerzo de quienes, día tras día, aportan al tejido económico y social de Santa Cruz de Tenerife.

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